A raíz de polémica en torno a los millonarios traspasos de CORFO al Ministerio de Hacienda, el titular de la cartera, Mario Marcel, salió al paso y descartó que las transferencias hayan constituido un acto fuera del marco legal y una pérdida del patrimonio financiero del organismo.
Según una nota The Clinic, en dicho período la secretaría de gobierno solicitó a la corporación dineros provenientes de los excedentes de litio y la venta de activos de Corfo por un monto cercano a los 3,4 billones de pesos, es decir, casi el 4,5% del presupuesto de ese año.
Al respecto, el secretario de Estado sostuvo que la petición está basada en los grandes recursos obtenidos por la producción del mineral, que permitieron alcanzar las metas fiscales y las necesidades del Estado, como en materias de seguridad pública, salud y vivienda.
"Estas operaciones fueron ampliamente convenientes para el sector púbico, ya que evitaron elevar el endeudamiento, elevar el pago de intereses y evitar un deterioro del patrimonio fiscal", dijo la autoridad de Hacienda.
Previo a las declaraciones del ministro, CORFO emitió un comunicado donde precisó que los recursos entregados al ministerio solo representan una parte de los ingresos extraordinarios registrados ese año, y que todos fueron traspasados de manera gradual y estratégica para evitar pérdidas de capitales.
Pese a esta aclaración, desde el congreso, el diputado de la UDI e integrante de la comisión de hacienda, Felipe Donoso, emplazó al gobierno a "comprometerse a pagar los montos gastados, porque ha gastado más que las administraciones que enfrentaron terremotos y pandemias".
En contraparte, el diputado del Partido Socialista y miembro de la misma instancia, Jaime Naranjo, recalcó que "todas las transferencias son públicas y conformes con la legislación. Creo que acá, más allá de un desconocimiento, se busca crear un efecto electoral".
Recordemos que la Contraloría General de la República ya inició una investigación especial con miras a determinar si los millonarios traspasos constituyeron una afectación patrimonial de la Corporación de Fomento de la Producción.