El ministro de Vivienda, Iván Poduje, anunció la apertura de un sumario administrativo y la suspensión de un funcionario, tras detectarse irregularidades en el Plan de Emergencia Habitacional impulsado durante el gobierno anterior, a partir de una auditoría de la Contraloría General de la República.
El informe —que revisó compras de terrenos entre 2022 y 2024— identificó problemas como descontrol en los precios, incumplimientos de procedimientos legales y falta de un reglamento exigido por ley, pese a lo cual se adquirieron más de 600 hectáreas sin ese marco normativo.
Entre los hallazgos también se menciona que una parte relevante de las compras se realizó en zonas donde no existía necesidad de suelo según el propio plan, además de diferencias significativas entre los valores pagados y los precios de referencia en algunos terrenos.
Desde la administración anterior, exautoridades defendieron la gestión, señalando que el informe no califica las operaciones como ilegales ni ordena restitución de recursos, y que las observaciones apuntan principalmente a aspectos procedimentales y de mejora en los mecanismos de control.