La Contraloría General de la República solicitó al Gobierno la entrega de antecedentes por el convenio firmado entre Chile y Venezuela en materia de seguridad, esto por eventuales ilegalidades en su firma.
En específico, el órgano contralor solicitó información tanto a la Subsecretaría de Relaciones Exteriores como a la Subsecretaría del Interior, luego que el jefe de esta última, Manuel Monsalve, visitara Venezuela para la firma de este acuerdo.
Desde la oposición ya habían insistido en cuestionar este convenio, idea que tomó impulso luego del secuestro y asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda. Así lo señala el diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper.
“La inexperiencia y lo desprolijo de este gobierno no tiene límites. Ahora nos damos cuenta, a través de la Contraloría, que el convenio que se hizo con Venezuela podría estar mal ejecutado”.
“Es por eso que vamos a llamar al subsecretario Monsalve para que nos explique cómo no se tomaron antes las medidas para saber si es que está correcto o no un convenio generado a esta otra nación, en la que tenemos también tantos problemas con respecto a la migración y con respecto también al crimen organizado”, señaló.
También desde RN, el diputado José Miguel Castro destacó el trabajo realizado desde la Cámara Baja, que determinó las irregularidades que ahora se están cuestionando:
"La Contraloría le ha pedido información a la Subsecretaría del Interior, porque tal como lo planteamos en la Comisión de Relaciones Exteriores en su minuto, existe una duda legítima respecto de la naturaleza y el contenido del convenio que ha firmado la Subsecretaría del Interior con Venezuela”.
“Nos parece que este cuestionamiento, además de la poca eficacia que ha mostrado el convenio, obliga a tener una discusión amplia y abierta, donde el subsecretario diga las cosas como son y realmente estemos en condiciones de discutir si este convenio está siendo útil, está siendo eficaz, y si realmente se hizo como correspondía”, agregó el diputado Castro.
Cabe recordar que el acuerdo entre ambas naciones implicaba la colaboración entre la Policía de Investigaciones y la policía venezolana a través de 7 puntos, donde destaca el intercambio de información de prácticas investigativas y compartir datos biométricos y decadactilares para identificar a personas relacionadas con hechos delictivos.