El Fondo Social Presidente de la República es una línea de financiamiento que busca apoyar a entidades públicas y privadas en la ejecución de proyectos de carácter social.
Más de 14 millones de pesos recibieron los y las vecinas de Borgoño para lograr uno de los sueños más grandes que compartían: poder resguardar su Junta de Vecinos. Un lugar de reunión y desarrollo del sector que fue levantado con esfuerzo, perseverancia y con el apoyo de cada uno de ellos, quienes hace más de 70 años comenzaron con la creación de este espacio de convergencia social. Sin embargo, aún faltaba algo para terminarla: el cierre perimetral que les brindaría más tranquilidad.
Deseo que se cumplió gracias al Fondo Social Presidente de la República, que les entregó los recursos para concretarlo, dándoles más seguridad. Clarina Guerrero, presidenta de la JJVV Borgoño, señaló que “es un anhelo cumplido la protección ya que esta sede se ocupa mucho, presta muchos servicios. Entonces nosotros queríamos protegerla porque pasaba rayada, había cosas que no estaban bien (…) Esta es la casa de todos, era muy importante tenerla en buenas condiciones. Ahora está bonita”.
Por su parte, el delegado Presidencial Regional de Atacama Gerardo Tapia destacó la importancia de “dar beneficios directos a las comunidades. Se invita a toda la comunidad a participar de los beneficios del Estado a través de los fondos concursables. En esta oportunidad ellos se lo adjudicaron y eso nos alegra, ya que pudieron fortalecer lo que ellos tanto anhelaban que es la seguridad de su propia sede. Un lugar donde han albergado a club de adulto mayor, talleres y a sus vecinos cuando más lo han necesitado.
Asimismo, Irma Astudillo, presidenta de la Unión Comunal de JJVV de Copiapó indicó que “es bueno que todas las organizaciones que hay postulen a estos proyectos del gobierno. Es algo muy bueno. Se puede arreglar la sede, obtener muebles, canchas. Por eso les pido a las organizaciones que aprovechen, que hagan proyectos”.
El Fondo Social Presidente de la república permite que organismos públicos o privados sin fines de lucro puedan financiar proyectos de infraestructura o equipamiento, que vayan en beneficio de las organizaciones territoriales. Este beneficio depende directamente del Ministerio del Interior y de Seguridad Pública.