El ministro de Justicia, Luis Cordero, la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, y el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, declararon como improcedente e impropia la carta que suscribe el presidente de Argentina, Alberto Fernández, junto a otros 29 líderes del Grupo de Puebla, donde fustigan al sistema de justicia chileno por la demora del juicio oral en el caso SQM.
Luego de ocho años de investigación, finalmente comenzó esta semana el juicio por el caso SQM, que deriva del caso Penta y que investiga el financiamiento irregular de la política. En este contexto, Marco Enríquez-Ominami arriesga cuatro años de cárcel efectiva por los cargos de delitos tributarios.
"(La carta) desconoce cuestiones procesales relevantes del sistema institucional chileno", además incluye "declaraciones que tienen por propósito afectar, comprometer o criticar esa autonomía (del Ministerio Público) me parecen impropias", sostuvo el ministro de Justicia.
"La leería como apoyo político a ME-O, pero desde lo institucional su contenido es improcedente", enfatizó Cordero.
Canciller y carta en apoyo a ME-O: No afecta a las relaciones con Argentina
La canciller, en tanto, comentó que lo primero que hizo fue conversar con el embajador argentino "sobre este tema y también hablar con el ministro de Justicia, que tal como señaló, nos parece que las declaraciones de esa carta son absolutamente improcedentes".
"El Gobierno no sólo respeta, sino que protege la autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público -explicó- y nos parece que son impropias las declaraciones que están en esa carta".
La carta, según la ministra, "es absolutamente improcedente". Sin embargo, estas "no afectan a la relación bilateral con la Argentina, que es una relación que está muy robusta y en la que tenemos un conjunto de distintos temas que vamos a seguir trabajando".
Desde el Ministerio Público, el fiscal Nacional, Ángel Valencia, también comentó que las declaraciones son "improcedentes".
"Consideramos improcedentes las expresiones vertidas en la declaración citada y queremos reafirmar el carácter profesional y objetivo con el cual actúan los y las fiscales que ejercen la persecución penal en nuestro país", señalan en un comunicado.
El fiscal comentó que los persecutores trabajan "en estricto apego a la Constitución y las leyes, en un contexto institucional de autonomía e independencia".
¿Qué dice la carta en apoyo a ME-O?
La carta del Grupo de Puebla señala que "desde el 2015, Marco Enríquez-Ominami viene siendo acusado por fiscales ligados directamente al exPresidente de derecha Sebastián Piñera".
"Durante estos 8 años, Marco ha negado estas acusaciones y ha pedido concurrir a un juicio justo, con jueces imparciales, donde pueda demostrar la falsedad de las acusaciones".
"Una justicia dilatada es una justicia denegada", sostienen el comunicado, donde, además, agregan que "la dilación del juicio vulnera gravemente los derechos básicos del líder progresista por el daño reputacional causado".
Además la carta sostiene que el juicio puede decretarse como nulo debido a que el auto de apertura con el que se retomó "no sería válido".
La carta la firmó, además, por el expresidente de Ecuador, Rafael Correa; el expresidente de Bolivia, Evo Morales; y la diputada Karol Cariola (PC), entre otros.