Fiscal Luis Miranda Flores indicó que en esta audiencia, a diferencia de otras, estuvieron presentes todos los imputados de esta causa.
La Fiscalía de Atacama, en el marco de la investigación que dirige por presuntos delitos de cohecho y soborno, reformalizó dicha causa, ahondando en los antecedentes que se indagan a partir de un convenio firmado en el año 2015 entre la Municipalidad de Tierra Amarilla y la Compañía Contractual Minera Candelaria. Cita en la que está vez sí compareció el alcalde de la época e imputado, Osvaldo Delgado, además de comunicar los hechos a la persona jurídica que está siendo investigada.
Dicha audiencia fue asumida por el fiscal titular de la esta investigación, Luis Miranda Flores, quien argumentó que en el año 2013 la empresa presentó ante el Servicio de Evaluación Ambiental de Atacama, el estudio de impacto ambiental del proyecto “Candelaria 2030-Continuidad Operacional” que buscaba extender la vida útil del yacimiento que mantiene sus operaciones en la mencionada comuna. De acuerdo a ello, a partir de esta presentación el alcalde de la época e imputado en esta indagatoria, Osvaldo Delgado Quevedo y sus asesores, advirtieron en esa instancia una oportunidad de obtener de manera ilegítima e irregular beneficios económicos por parte de la empresa, utilizando para ello la función pública.
De acuerdo a lo establecido en dichos documentos tramitados por la Municipalidad, se buscaba obtener una reparación del medioambiente dañado con ocasión de las explotaciones mineras de la empresa en la comuna.
En la audiencia el fiscal Miranda señaló que en ese contexto, con una demanda por reparación del daño ambiental presentada por la Municipalidad, oposiciones y solicitudes de rechazo al proyecto de continuidad tramitado por la minera; el alcalde de la época junto a personal interno del Municipio coordinaron reuniones con representantes de la minera. Encuentros en que de acuerdo lo indicado por el fiscal, tuvo un rol determinante el segundo imputado formalizado, el director de desarrollo de negocios y relaciones gubernamentales del Minera Candelaria de esa época, quien según lo expuesto en la audiencia desarrolló negociaciones orientadas a que la Municipalidad de Tierra Amarilla no ejerciera o derechamente se desistiera de las acciones legales ya en curso.
ACUERDO
Según la evidencia hasta ahora reunida en la carpeta investigativa de esta causa, luego de las negociaciones en la sesión del Concejo Municipal de la mencionada comuna, el 01 de septiembre de 2015 y en la que participaron ambos imputados, se expusieron los alcances y ventajas del convenio de colaboración entre las partes supuestamente en conflicto, no así los detalles económicos que involucró dicho acuerdo.
En el acta de la sesión de concejo quedó explicitada la aprobación de tres documentos que derivaron en transacciones en dinero. El primero de ellos por una suma de 7
millones de dólares; el segundo un convenio de cooperación entre ambas partes que significó el compromiso de aportar, por parte de la minera, cerca de 40 millones de dólares en dos etapas en un plazo de diez años. Aportes en dinero que involucraron acuerdos de parte de la Municipalidad de Tierra Amarilla, los que decían relación con no perseverar con la demanda interpuesta en el Tribunal Ambiental, además de declarar y reconocer la inexistencia de daño ambiental alegados en las demandas. Comprometiéndose el municipio a renunciar al ejercicio de acciones, derechos y pretensiones vinculadas a controversias sobre algún daño ambiental.
Los hechos, de acuerdo a la calificación jurídica de la Fiscalía de Atacama, dan cuenta en relación al edil la comisión del delito de cohecho pasivo en carácter de consumado; en relación al gerente legal de la empresa el ilícito de soborno, mientras que en contra de la empresa Minera Candelaria a través de la persona jurídica el delito de soborno.