La Agrupación de Usuarios del Transporte Público de la provincia de Llanquihue denunció una serie de problemas estructurales que afectan diariamente a los pasajeros del transporte rural e intercomunal en la Región de Los Lagos. En entrevista con Patagonia Radio, su presidente, Jordi Valenzuela, criticó la falta de regulación estatal, las tarifas elevadas y el abandono de zonas clave como Valle Volcanes y sectores rurales.
“Pagamos hasta tres veces más por los mismos kilómetros recorridos que en otras regiones del país”, afirmó Valenzuela, comparando el tramo Puerto Montt–Frutillar ($2.200 por 46 km) con recorridos similares en el Gran Valparaíso, donde el pasaje cuesta menos de $800. “Esto no se explica solo por el volumen de pasajeros o el tamaño de los buses; también hay negligencia en la política pública”, agregó.
Diagnóstico crítico del transporte rural
La agrupación, que comenzó en 2022 tras un alza repentina de pasajes entre Puerto Varas y Puerto Montt, reúne hoy a más de 60 dirigentes sociales de diversas comunas, incluidas zonas rurales y localidades insulares como Cochamó y Calbuco. Su objetivo: visibilizar los problemas que enfrentan a diario los usuarios del sistema.
Entre las principales falencias detectadas están:
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Micros en mal estado y con baja frecuencia
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Maltrato a pasajeros, estudiantes y adultos mayores
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Falta de accesibilidad universal
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Conducción imprudente y uso de celulares al volante
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Sectores completamente desprovistos de transporte público
Valenzuela también denunció que el sistema no está regulado por el Estado en el caso del transporte rural, lo que impide controlar horarios, tarifas y recorridos. Esta situación genera abusos como alzas unilaterales, falta de cobertura y promesas incumplidas por parte de operadores.
¿Y la fiscalización?
“En Santiago se regulan tarifas desde 1996. En 2025, en regiones como la nuestra, seguimos esperando lo mismo”, expresó Valenzuela. También cuestionó la respuesta de las autoridades regionales y nacionales, asegurando que existe temor político a enfrentarse a los gremios del transporte, lo que dificulta avanzar en una reforma estructural.
Aunque el Ministerio de Transportes abrió una consulta pública para modificar el Decreto 212, que rige el sistema rural, la propuesta ha sido considerada “insuficiente” por la agrupación. “Solo se obliga a avisar con 30 días una subida de tarifa, pero no se prohíbe ni regula ese aumento”, subrayó.
Organización y denuncia ciudadana
Para enfrentar esta realidad, la agrupación ha implementado canales de contacto directo con la comunidad:
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Instagram: @agrutransllq
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WhatsApp de denuncias: +56 9 2750 3904
“Recibimos casos de todo tipo: agresiones, buses volcados, pasajeros discriminados. Los canalizamos directamente al Ministerio de Transportes”, explicó.
Finalmente, Valenzuela anunció que están articulando una red nacional de agrupaciones similares en regiones como Coquimbo, Valparaíso, Osorno y Buin, con el fin de presionar directamente al Ministerio y lograr cambios de fondo.