En una significativa ceremonia, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, distinguió a 27 exjueces que impulsaron investigaciones sobre detenidos desaparecidos durante los primeros años del retorno a la democracia en Chile.
La iniciativa que se desarrolló en Santiago, destacó el trabajo realizado por magistrados que, desde la justicia civil, asumieron la tarea de esclarecer graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar.
En el caso del académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UA, Jorge Cortés-Monroy, el reconocimiento pone en valor la investigación que encabezó en 1990 como juez titular del Juzgado de Letras de Tocopilla, causa que permitió hallar restos de detenidos desaparecidos en el pique minero “La Veleidosa”, ubicado a unos 17 kilómetros del puerto.
“Uno nunca hace las cosas para que te las reconozcan. Yo entendía que era mi obligación investigar y establecer qué había ocurrido realmente con las personas desaparecidas”, expresó el académico de la UA, Jorge Cortés-Monroy.
La investigación comenzó tras una denuncia presentada por la Comisión de Derechos Humanos de Tocopilla, en medio de testimonios que señalaban que cuerpos de detenidos desaparecidos habrían sido lanzados a una mina abandonada, posteriormente dinamitada para ocultar evidencia.
“Mi deber era, al menos, establecer si aquello era efectivo y poder entregar una respuesta a los familiares de las víctimas respecto de lo que había ocurrido”, recordó Cortés-Monroy.
Hallazgo histórico
Las diligencias judiciales permitieron encontrar restos humanos correspondientes a cuatro detenidos desaparecidos, en una investigación considerada pionera para la época, tanto por las complejas condiciones de trabajo al interior de la mina como por las limitadas herramientas disponibles en la época.
“Los cuerpos estaban deshidratados, prácticamente momificados, lo que permitió recuperar huellas dactilares mediante un procedimiento especial realizado por antropólogos y médicos forenses. Gracias a eso se pudo identificar a las víctimas”, explicó el abogado.
El académico relató además que las exploraciones se realizaron en condiciones extremas, descendiendo más de 600 metros al interior de la mina, sin ventilación ni iluminación adecuada. “Bajar demoraba cerca de dos horas y subir hasta cuatro. Había que trabajar en condiciones muy precarias, similares a las de los antiguos pirquineros”, señaló.
La causa marcó además un precedente judicial en Chile, ya que fue la primera vez que la Corte Suprema otorgó competencia a un tribunal civil para investigar casos vinculados a detenidos desaparecidos, rechazando la pretensión de la justicia militar de asumir la investigación.
“Fue un cambio muy importante, porque hasta ese momento prácticamente todas las causas terminaban en la justicia militar. Esta investigación abrió el camino para que los tribunales civiles pudieran conocer estos casos”, indicó Jorge Cortés-Monroy.
Memoria y formación académica
Actualmente, Jorge Cortés-Monroy comparte esta experiencia con estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UA, especialmente en materias relacionadas con litigación penal y derechos humanos.
“Los estudiantes siempre muestran interés por conocer lo que ocurrió y comprender la importancia de investigar este tipo de hechos. La memoria colectiva es algo que debemos seguir trabajando para que situaciones como estas nunca vuelvan a repetirse”, reflexionó.
El académico también destacó la importancia de incorporar la formación en derechos humanos dentro de la preparación de futuros profesionales del ámbito jurídico, recordando que tras su experiencia judicial fue becado por el gobierno francés para especializarse en la Escuela Nacional de la Magistratura de Francia.
“Uno no puede eludir el cumplimiento de sus obligaciones. Creo que ese es también el mensaje que debemos transmitir a las nuevas generaciones”, concluyó el académico de la UA, Jorge Cortés-Monroy.