A poco más de dos meses de conocerse los primeros pormenores de corrupción, faltas a la probidad y evidentes conflictos de interés dentro de diversas reparticiones del Estado, siguen los coletazos en el área política regional. Si ayer el ex Ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, confirmó la presencia de irregularidades en la secretaría ministerial regional de Atacama, encabezada por Yosselin Moyano (FRVS), hoy la lupa periodística se centra en el ARMA.
La Asociación Regional de Municipios de Atacama, ARMA, es una organización de derecho privado formada el año 2012 en la ciudad de Vallenar y que, según el Art. N° 5 de su estatuto, busca constituirse como una institución líder en el desarrollo económico, social y cultural de aquellos municipios que la integran. Sin embargo, son varios los actores políticos en la región que cuestionan si efectivamente esto se cumple en la práctica.
En la asociación trabajan dos funcionarios, quienes a su vez pertenecen a la Secretaría Ejecutiva del organismo; Wilson Wastavino Rivera, secretario ejecutivo, de profesión técnico en administración de empresas; y Paulina Ardiles Romero, relacionadora pública del ARMA. Es esta última funcionaria la que lanzó las alertas al equipo de FactCheking Atacama una vez analizada la información pública en Portal de Transparencia.
La primera situación cuestionable se origina con los pagos de arrendamiento que entrega mes a mes la ARMA por su lugar de funcionamiento. Según el portal de acceso a la información pública, Ardiles Romero es quien, además de recibir un monto de $1.807.057 por concepto de remuneración, le arrienda la propiedad al ARMA que supuestamente la asociación utiliza como sede regional.
Los pagos, cuyo monto promedio mensual ascienden a los $360.000, comenzaron a ser depositados en la cuenta de la funcionaria desde el 19 de enero del año 2021 hasta la fecha, totalizando 28 pagos. La sorpresa es aún mayor cuando se analiza en detalle los decretos de pagos emitidos por la ARMA, toda vez que quien firma estos es el propio Wastavino Rivera, quien además figura, según el organigrama de la asociación, como el responsable de la administración y contabilidad de esta.
Así, por ejemplo, según la investigación de nuestro equipo, el último pago que registra la asociación en Transparencia es de mayo de este año, cuando la ARMA desembolsó $360.000 por arriendo a Paulina Ardiles, según consta en el decreto de pago N° 952, documento timbrado y firmado por Wastavino.
Sin embargo, por parte del equipo de FactCheking Atacama, se corroboró que la propiedad que figura como sede de la ARMA, ubicada en el condominio habitacional Tres Puntas, AV. Camilo Henríquez N° 644, Depto. B-13, se encuentra a nombre de la propia Paulina Andrea Ardiles Romero, evidenciando un notable conflicto de interés dentro de la Asociación Regional de Municipios de Atacama.
Tanto residentes del condominio, como los distintos guardias de seguridad apostados en la entrada del recinto señalaron, ante consultas de nuestro equipo, que son esporádicas y poco frecuentes la visita tanto de Paulina como Wilson a la sede, únicos funcionarios que mantiene hasta ahora la asociación bajo la figura contractual del Código del Trabajo.
Poca información y muchos obstáculos
Según la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública, los organismos de la administración del Estado están obligados a actuar, dentro de la función pública, con transparencia, de modo que permita a todos los ciudadanos tener conocimiento sobre los procedimientos, contenidos y decisiones que tomen las instituciones del aparataje estatal.
Lamentablemente, y a más de una década de la entrada en vigencia de la ley, organismos como la Asociación Regional de Municipios de Atacama no cuentan con la suficiente información en el Portal de Transparencia, plataforma oficial que posee nuestro sistema democrático para acceder a información pública. De hecho, el único balance presupuestario anual que encontramos en la página web del organismo data del año 2018.
En este, se puede apreciar que la asociación recibió en aquel año un total de 62 millones de pesos provenientes en su totalidad gracias a la cuota de permanencia al ARMA por parte de los municipios adheridos a esta. En 2018 se gastó sólo por remuneraciones a Ardiles Romero y Wastavino Rivera, un total de $26.030.446, llegando a representar por concepto de remuneración cerca de un 42% del presupuesto anual.
Además, por concepto de arriendo del inmueble, se gastaron $14.509.810. Así, si restamos los sueldos de ambos funcionarios, el arriendo de la sede y el pago de los gastos comunes, la ARMA sólo se quedó en 2018 para su funcionamiento con $22.000.000 aproximadamente, sin considerar los demás gastos asegurados en el balance.
Entre junio de 2022 y junio de 2023, por ejemplo, último balance mensual presupuestario elaborado por la ARMA, todos los municipios de Atacama, salvo el de Copiapó, entregaron una cantidad importante de millones a la asociación. De los cuales Chañaral ($10.200.000), Freirina ($9.200.000), Vallenar ($8.700.000), y Alto del Carmen ($8.700.000) son los que más han aportado a la institución.
En los últimos tres balances presupuestarios, que comprenden los meses de abril, mayo y junio de este año, la asociación indica que ha pagado cerca de un 50% del monto sólo en remuneraciones y arriendo de oficina institucional. A esto, se debe sumar que el monto restante se utiliza para pago de líneas telefónicas, Previred o pago a proveedores, quedando muchas veces saldo cero para poder realmente ejecutar tareas y atribuciones establecidas en su estatuto orgánico.
Otro aspecto importante a relevar en este entramado es que a pesar de que han transcurrido tres conducciones políticas diferentes y una importante variedad de militantes de partidos políticos no ha habido hasta el momento ninguna auditoría externa solicitada por el organismo, a pesar de críticas recurrentes por parte de la opinión pública.
Cabe señalar, además que la ARMA mantiene una deuda pendiente con Candelaria Radio en el marco del programa “Atacama Constituyente”.
Fuente: FactChecking Atacama