Durante su participación en el programa Sin Filtros TV emitido por Patagonia Radio Televisión, el senador por la Región de Los Lagos, Fidel Espinoza, realizó una grave denuncia pública contra la empresa Gestión Ambiente, que presta servicios de recolección de basura en diversas comunas del sur del país.
El parlamentario reveló detalles de un caso ocurrido en agosto de 2021 en la comuna de Quellón, cuando dos trabajadores de recolección de residuos fueron atropellados mientras colgaban del camión recolector, "una práctica aún común en varias comunas del país", señaló el legislador. El accidente les provocó la amputación de sus extremidades inferiores, dejándolos con secuelas permanentes.
Tras una investigación liderada por el abogado Francisco Paredes, la justicia determinó que la empresa y la Municipalidad de Quellón, como responsables solidarios, debían indemnizar a cada trabajador con 300 millones de pesos, según un fallo emitido por una jueza del tribunal de Castro.
“Este fallo es histórico. Por primera vez en Chile se reconoce con esa magnitud el daño provocado a trabajadores que, si bien no fallecieron, quedaron con sus vidas completamente transformadas”, afirmó Espinoza.
Espinoza acusa intento de “acuerdo forzado” con las víctimas
El senador aseguró que, en vísperas de que la Corte de Apelaciones de Puerto Montt ratifique o revise el fallo, Gestión Ambiente habría enviado emisarios a los hogares de las víctimas para ofrecerles acuerdos extrajudiciales con cifras considerablemente menores, lo que calificó como una acción inmoral y deshonesta.
“Esta empresa está actuando de manera indecorosa. En lugar de asumir su responsabilidad, está presionando a las víctimas con montos irrisorios para evitar que la justicia confirme la sentencia”, denunció.
Llamado a los alcaldes y servicios públicos
Espinoza emplazó públicamente a los alcaldes de Puerto Varas, Castro, Quellón, Calbuco, Chonchi y Maullín, así como al Servicio de Salud del Reloncaví, la Universidad de Los Lagos, e incluso a la Armada de Chile, todos ellos entidades que actualmente tendrían contratos vigentes con la empresa Gestión Ambiente.
“¿Qué opinan los alcaldes y servicios del Estado sobre esta empresa a la que les entregan millones de pesos, mientras actúa así con los trabajadores más vulnerables? No es aceptable”, afirmó.
Un precedente judicial para el país
El fallo de Castro no solo marca un hito por la magnitud de la indemnización, sino también por su enfoque en la dignidad laboral y la seguridad de los trabajadores de servicios básicos. Espinoza recalcó que este caso debería abrir un debate nacional sobre las condiciones en que operan los contratos municipales con empresas privadas.
“Nos jactamos de ser un país en vías de desarrollo, pero aún tenemos a nuestros trabajadores colgando de los camiones. La seguridad laboral debe ser un estándar, no una excepción”, concluyó.