El Juzgado de Garantía de Puerto Montt dictó prisión preventiva para Daniel Ibáñez Castro, presidente de la Fundación Participa, y Freddy Seguel Rojas, representante financiero de la entidad, imputados por administración desleal, estafa y lavado de activos en el marco del Caso Convenios en la Región de Los Lagos. Esta nueva artista del caso ha reavidado las presiones por la responsabilidad política del ex gobernador, Patricio Vallespín.
Los directivos de Fundación Participa, fueron detenidos esta semana en Santiago, tras diligencias lideradas por la Fiscalía Regional de Los Lagos y las brigadas Brilac y Bridec de la PDI, y trasladados hasta Puerto Montt para su formalización. Según confirmó la Fiscalía a Patagonia Radio, estos delitos tienen un impacto directo en 1.400 personas que esperaban que la Fundación Participa tramitara permisos de saneamiento y regularización de sus viviendas, trámites que nunca se realizaron pese a los $1.200 millones transferidos por el Gobierno Regional (GORE) bajo la administración del exgobernador Patricio Vallespín.
Pero el caso viene acumulando cuestionamientos desde hace algunos años. Según reveló Ex Ante en noviembre de 2023, la propia Fundación Participa comenzó a difundir en sus redes sociales, los resultados del programa financiado por el Gobierno Regional (Gore) de Los Lagos, encabezado entonces por el ex DC Patricio Vallespín, celebrando la entrega de títulos de dominio a familias vulnerables.
“¡Estamos muy contentos! Ya iniciamos la entrega de las soluciones a usuarios del programa de regularización de títulos del @goreloslagos”, publicó la fundación.
Ese mismo día, sin embargo, la Contraloría General de la República hizo público un duro informe que analizó las asignaciones directas del Gore de Los Lagos, detectando irregularidades graves y enviando los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y a la Fiscalía, que ya investigaba desde junio de ese año.
Entre las conclusiones, el organismo advirtió que Fundación Participa cobró montos muy superiores a los estándares oficiales:
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Por saneamientos de títulos que la Seremi de Bienes Nacionales valorizaba en mucho menos, Participa cobró hasta un 245% más en algunos ítems y un 191% en otros, lo que implicaba $408.766 y $507.391 adicionales por cada trámite.
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Además, la entidad no tenía giros económicos vinculados al saneamiento de títulos, pues según su constitución y el inicio de actividades en 2017, sus objetivos eran fomentar valores democráticos, regionalismo y actividades culturales o recreativas, sin experiencia demostrada en regularización de terrenos.
Contraloría cuestionó que el Gore, bajo la gestión de Vallespín, no exigiera acreditación de competencias ni realizara un concurso público para adjudicar proyectos tan sensibles.
“Los convenios suscritos se realizaron mediante asignación directa, sin que los actos administrativos que autorizaron tal método se encuentren debidamente fundados ni acrediten los motivos que lo justificaron”, advirtió el informe, considerando insuficientes los descargos del Gobierno Regional, que intentó justificar los sobrecostos argumentando que incluían capacitaciones.
El caso no solo apunta a Participa: un esquema similar involucró a la Corporación Kimün, cuyo presidente fue formalizado por lavado de activos, y donde los sobreprecios llegaron hasta un 429%, según el mismo documento fiscalizador.
Ante este escenario, el diputado Fernando Bórquez (UDI) emplazó directamente a Vallespín a asumir su responsabilidad política:
“La Fiscalía hoy nos entrega una señal potente de que las instituciones pueden funcionar cuando hay voluntad. La detención de dos nuevas personas vinculadas a la Fundación Participa demuestra que esta red de corrupción sigue destapándose. Pero acá no basta con perseguir a los operadores menores. El exgobernador Patricio Vallespín no puede seguir escondiéndose: debe dar la cara, explicar por qué cientos de familias quedaron sin los beneficios prometidos, mientras se malgastaban recursos de todos los chilenos. No permitiremos que la corrupción siga operando con impunidad en Los Lagos”.
Mientras avanza el plazo de seis meses de investigación fijado por el tribunal, el Caso Convenios suma cada día nuevos capítulos, y la presión pública sobre la gestión de Vallespín —quien fue además intendente (2002-2004) y diputado (2006-2018)— aumenta, ante la magnitud de los recursos comprometidos y los impactos directos en cientos de familias vulnerables que esperaban soluciones habitacionales.