El Juzgado de Garantía de Puerto Montt dictó este viernes 11 de julio de 2025 una condena histórica contra el tesorero del Gobierno Regional de Los Lagos, José Rigoberto Mora Cárcamo, tras acreditar que entre 2019 y 2023 sustrajo sistemáticamente recursos públicos, causando un perjuicio al Estado de $316.931.413.
Las penas y multas aplicadas por el tribunal
En procedimiento abreviado (causa rol 6.644-2023), el juez Rolando Díaz Coloma acogió la propuesta del Ministerio Público, respaldada por el Consejo de Defensa del Estado, y sentenció a Mora Cárcamo a:
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5 años y un día de presidio efectivo por el delito reiterado de malversación de caudales públicos.
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3 años y un día de presidio efectivo por el delito de lavado de activos.
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Multa de $633.862.826, equivalente al doble de lo sustraído.
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Pago de 300 UTM adicionales por lavado de activos.
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Inhabilitación perpetua para ejercer cargos y oficios públicos.
Además, deberá someterse a la toma de muestras biológicas para registrar su ADN en la base de datos nacional de condenados, y se ordenó el comiso de dos vehículos y otras especies incautadas.
Las penas contra familiares y cercanos
El tribunal también condenó a:
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Sergio Miralles Triviño, amigo del tesorero, a 3 años y un día de cárcel y multa de 300 UTM.
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Sus hermanas Rocío y Magaly Mora Cárcamo, a 3 años de presidio efectivo y multa de 200 UTM cada una, por incorporar al patrimonio familiar los dineros públicos, sabiendo su origen ilícito.
¿Cómo operó el fraude al interior del GORE?
Entre el 28 de abril de 2019 y el 29 de marzo de 2023, Mora Cárcamo, aprovechando su cargo y acceso a claves bancarias de otros funcionarios, ejecutó al menos 40 transferencias a personas naturales y jurídicas relacionadas por lazos familiares y de amistad, encubriendo así el desvío de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y otros presupuestos del Gobierno Regional.
Parte del dinero fue transferido a la Agrupación Social y Cultural Mirador de Puerto Montt, presidida y administrada por sus hermanas, quienes lo usaron para fines personales.
Este fallo marca un precedente en la región por la contundencia de las penas y el desmantelamiento de un esquema que operó durante casi cuatro años, vulnerando la confianza pública y desviando fondos destinados al desarrollo local.